LOS ALCALDES SE NIEGAN A APOYAR A LOS DELFINES DEL GOBERNADOR.
ANGELÓPOLIS. Por Sergio Cue
La fiscalización de los recursos públicos debe ser un instrumento de transparencia y rendición de cuentas, no un mecanismo de presión política. Sin embargo, en distintos municipios de Puebla comienza a crecer la inconformidad de alcaldes que aseguran sentirse “amarrados” por la falta de aprobación de sus cuentas públicas, pese a que —afirman— han cumplido con la mayoría de observaciones y requisitos solicitados por la Auditoría Superior del Estado.
El malestar no es menor. Varios presidentes municipales consideran que el retraso en la liberación de sus cuentas no obedece a cuestiones técnicas o administrativas, sino a intereses políticos que buscan condicionarlos rumbo al proceso electoral de 2027.
La lectura que hacen en corto es delicada: mantener expedientes abiertos serviría como herramienta para inhibir aspiraciones de reelección o para obligarlos a alinearse con determinados proyectos políticos impulsados desde el poder estatal.
Y es que en diversas regiones ya comenzaron a aparecer nombres, estructuras y hasta bardas promocionales de personajes cercanos al grupo en el gobierno, aun cuando falta más de un año para que inicie formalmente el proceso electoral. La premura con la que algunos “aspirantes oficiales” han comenzado a posicionarse contrasta con el discurso institucional de legalidad y equidad.
Pero la inconformidad de los alcaldes va más allá de las bardas pintadas. También denuncian que, mediante delegaciones regionales de dependencias como Bienestar y Desarrollo Rural, se estarían canalizando apoyos y programas para fortalecer recorridos y actos de promoción de perfiles previamente seleccionados.
Es decir, recursos públicos operando con evidente intención política.
El problema de fondo es que este tipo de prácticas terminan debilitando la confianza en las instituciones.
Cuando una auditoría deja de percibirse como un órgano técnico y autónomo para convertirse en una supuesta herramienta de control político, pierde legitimidad ante los propios actores que debe vigilar.
Nadie discute que las cuentas públicas deban revisarse con rigor.
Los municipios tienen la obligación de transparentar cada peso ejercido. Pero también es cierto que la ley debe aplicarse de manera pareja, sin distinciones partidistas ni condicionamientos electorales.
Puebla necesita instituciones fuertes, no instrumentos de presión.
Porque si desde ahora comienzan las señales de cargada, utilización de programas y condicionamiento político, el proceso de 2027 corre el riesgo de contaminarse antes siquiera de arrancar formalmente
La democracia no se construye con amenazas administrativas ni con apoyos oficiales disfrazados de cercanía ciudadana. Se construye con piso parejo.
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