La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que busca modificar de fondo el calendario y la logística de la elección de juzgadores en México. El cambio más drástico es el aplazamiento de la jornada electoral, la cual se trasladaría del año 2027 al domingo 4 de junio de 2028, aplicando tanto para el nivel federal como para 25 entidades locales.
Esta prórroga responde estrictamente a la complejidad operativa que advirtieron las autoridades electorales, ya que en 2027 coincidirían comicios masivos para renovar la Cámara de Diputados, gubernaturas y alcaldías. Empalmar ambos procesos obligaría a la ciudadanía a votar en casillas distintas, lo que saturaría las mesas de votación y entorpecería la jornada. Al mover la fecha a 2028, el gobierno federal abre la puerta para que la elección judicial coincida en las mismas casillas con una eventual consulta de Revocación de Mandato.
Para solucionar las críticas sobre lo inmanejable que resultaría una boleta con cientos de nombres, la propuesta reduce drásticamente el número de aspirantes mediante un método de insaculación pública que respetará la paridad de género. Con esto, los candidatos finales para la Suprema Corte de Justicia de la Nación se recortarán de 81 a 54, los del Tribunal de Disciplina Judicial bajarán a 30, y los del Tribunal Electoral se reducirán a 42. Además, el diseño de la boleta se simplificará para que los votantes identifiquen con claridad qué Poder de la Unión postuló a cada perfil y quiénes son los jueces en funciones que buscan reelegirse.
La iniciativa también plantea un giro en la organización interna al centralizar los Comités de Evaluación que antes operaban de forma aislada. En su lugar, se creará una Comisión Coordinadora única con representantes de los tres Poderes, encargada de unificar los requisitos formales y aplicar los mismos exámenes de conocimientos a todos los aspirantes. De aprobarse este esquema, en la jornada de 2028 se someterán al voto popular cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, más de 800 cargos federales entre magistrados de circuito y jueces de distrito, y más de 3,200 puestos de juzgadores locales. Debido a que la ley exige publicar los cambios electorales al menos noventa días antes de que inicie el proceso formal en septiembre, el Poder Legislativo procesará la reforma por la vía rápida, previendo su dictamen en comisiones el lunes 25 de mayo y su votación definitiva en el Pleno el martes 26 de mayo.
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