El presidente Javier Milei ha oficializado una polémica estrategia de contención ideológica. A través de un nuevo decreto, el Ejecutivo argentino ha declarado "persona non grata" a cualquier extranjero que, a ojos del Estado, cruce la línea entre la opinión política y la incitación al odio contra la identidad nacional.
La normativa, que otorga facultades rápidas de expulsión, responde a la saturación de mensajes hostiles que, según la Casa Rosada, han infectado el entorno digital argentino tras los eventos deportivos recientes. Aunque desde el gobierno insisten en que el derecho al disenso permanece intacto, especialistas en derechos humanos han encendido las alarmas: el concepto de "odio" resulta tan maleable que podría derivar en la expulsión arbitraria de voces críticas.
La medida marca una postura defensiva que prioriza el sentimiento patriótico sobre la apertura diplomática tradicional.
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