La tensión comercial entre Canadá y Estados Unidos vuelve a escalar. El gobierno del primer ministro Mark Carney confirmó una nueva batería de aranceles contra mercancías estadounidenses, luego de que las conversaciones entre ambos países terminaran sin un acuerdo y Washington avanzara con nuevos gravámenes sobre productos canadienses.
Las medidas de Ottawa comenzarán a aplicarse el próximo 8 de septiembre y contemplan tarifas de 15%, 25% y hasta 50%, dependiendo del tipo de mercancía. En conjunto, los nuevos impuestos alcanzarán productos estadounidenses con un valor aproximado de 27,600 millones de dólares canadienses.
La respuesta canadiense busca replicar los aranceles establecidos por Estados Unidos bajo un esquema de equivalencia, es decir, aplicar una tarifa similar a la que enfrentan determinados productos canadienses al ingresar al mercado estadounidense. La estrategia fue anunciada después de que las negociaciones comerciales entre Ottawa y Washington se estancaran.
Entre los productos estadounidenses que quedarán bajo la nueva medida se encuentran mercancías relacionadas con el acero, productos lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, papel y derivados, así como diversos artículos electrónicos. También fueron incluidos otros bienes manufacturados y productos de consumo.
El gobierno canadiense sostiene que la decisión busca evitar que sus empresas y trabajadores queden en desventaja frente a los nuevos impuestos estadounidenses. Ottawa también considera que la selección de productos permitirá concentrar la presión sobre sectores específicos de la economía estadounidense, en lugar de establecer un arancel generalizado.
La escalada comenzó después de que Estados Unidos impusiera un arancel de 50% sobre productos canadienses por un valor aproximado de 27,600 millones de dólares canadienses, medida que entró en vigor el pasado 22 de agosto. Tras ese movimiento, Canadá decidió responder con una estrategia de represalias calculadas.
Carney ha defendido la postura de su gobierno y ha rechazado aceptar condiciones que, de acuerdo con Ottawa, podrían perjudicar sectores estratégicos de la economía canadiense. El gobierno también sostiene que Canadá tiene derecho a proteger sus intereses comerciales y mantener su capacidad para tomar decisiones económicas de manera independiente.
La disputa representa un nuevo golpe para la relación comercial entre dos países cuya economía está estrechamente vinculada. Empresas de ambos lados de la frontera dependen de cadenas de suministro compartidas, por lo que una prolongación del conflicto podría incrementar costos y generar nuevas presiones para productores, comerciantes y consumidores.
Ottawa también anunció un paquete de apoyo por 7,500 millones de dólares canadienses destinado a trabajadores y empresas afectados por los aranceles estadounidenses. El programa contempla mecanismos de respaldo financiero para sectores que enfrenten dificultades derivadas de la guerra comercial.
Con los nuevos gravámenes previstos para septiembre, la relación entre Canadá y Estados Unidos entra en una etapa de mayor incertidumbre. Aunque Ottawa mantiene abierta la posibilidad de continuar negociando, por ahora ambos gobiernos parecen apostar por ejercer presión económica mientras buscan defender sus respectivos intereses.
La disputa podría tener nuevas consecuencias en las próximas semanas, especialmente si Washington decide responder nuevamente a las medidas canadienses. Por el momento, la estrategia de Carney deja claro que Canadá no pretende quedarse de brazos cruzados ante la política arancelaria de la Casa Blanca.
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