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MARU CAMPOS: ¿GOBERNADORA O ESPECTADORA?

 




 Por. Karla Pulido .

 En Chihuahua estalló un escándalo que podría convertirse en una de las mayores crisis políticas del gobierno de Maru Campos. La detención de César Jáuregui, exfiscal del estado, por su presunta participación en un operativo con agentes de la CIA, abre una pregunta inevitable: ¿de verdad la gobernadora no sabía lo que ocurría dentro de su propia administración? 

 Porque estamos hablando de un operativo de seguridad con participación extranjera, no de una decisión administrativa menor. Y aquí viene lo interesante: el abogado de Jáuregui, Luis Villegas, responsabilizó directamente a Maru Campos del proceso penal contra su defendido, al que atribuye motivaciones políticas. Curiosamente, el exfiscal también tenía aspiraciones de convertirse en candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua. ¿Estamos frente a un legítimo proceso de justicia o ante una disputa política que terminó en los tribunales?

 Pero hay más. La administración de Maru Campos también ha enfrentado cuestionamientos por millonarios contratos de asesoría y publicidad. Entre ellos, uno por dos millones 320 mil pesos relacionado con la empresa del publicista Carlos Alazraki. Y mientras se discute el destino de esos recursos públicos, hoy la gobernadora tiene una explicación mucho más importante que dar. ¿Quién autorizó el operativo? ¿Quién estaba informado? 

¿Y hasta dónde llegaba la cadena de mando? Porque resulta difícil entender que una operación de semejante magnitud pudiera desarrollarse sin conocimiento de las más altas autoridades estatales. Eso tendrá que esclarecerlo la investigación, no las especulaciones. Lo que no puede ocurrir es que toda la responsabilidad política termine concentrada en un solo funcionario mientras quienes encabezaban el gobierno evaden las preguntas

. Maru Campos no puede limitarse a observar cómo cae su exfiscal. Gobernar también significa rendir cuentas por lo que ocurre bajo tu responsabilidad. Y en Chihuahua, más allá de los pleitos internos del PAN, los ciudadanos merecen saber quién sabía qué, quién autorizó qué y quién debe responder. Porque la responsabilidad política no desaparece simplemente cambiando de culpable

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