Por Karla Pulido.
En política, los discursos pueden prometerlo todo, pero hay algo que no admite demasiadas interpretaciones: el presupuesto. Porque gobernar también significa decidir a dónde va el dinero de millones de mexicanos.
El proyecto de Presupuesto de Egresos para 2027 contempla más de 10.6 billones de pesos de gasto público. Una cifra monumental que obliga a preguntarnos no solamente cuánto se destina, sino cómo se utiliza y qué resultados produce.
Esta semana, en la Cámara de Diputados se plantea recortar cinco mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral para reasignarlos a educación, medio ambiente, búsqueda de personas desaparecidas y aviación civil. Y aquí surge un debate que merece toda nuestra atención.
¿Es posible reducir el costo de las instituciones electorales sin comprometer su funcionamiento y autonomía? ¿Y cómo se garantizará que esos recursos adicionales se traduzcan en resultados medibles?
El Gobierno federal proyecta mayores recursos para educación, salud y seguridad. Es una apuesta que debe examinarse no solamente desde las cifras anunciadas, sino desde su ejecución. Porque aumentar un presupuesto no significa automáticamente mejorar los servicios públicos. Una escuela necesita instalaciones dignas. Un hospital necesita medicamentos.
Y las familias que buscan a sus desaparecidos necesitan instituciones capaces de dar respuestas. Mientras tanto, al Congreso le corresponde algo más que negociar partidas: justificar cada decisión, transparentar los recursos y vigilar su aplicación. México no necesita solamente presupuestos cada vez más grandes. Necesita presupuestos que funcionen.
Porque el dinero público no pertenece a los partidos, ni al gobierno en turno. Pertenece a los mexicanos. Y cada peso debe tener una explicación, un destino y un resultado.
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