por José Luis Camacho La sanción de 42.8 millones de pesos impuesta a la Federación Mexicana de Futbol por el uso del sistema Fan ID abre una discusión que va mucho más allá del deporte. En realidad, coloca sobre la mesa una pregunta que cada vez será más frecuente: ¿quién protege nuestros datos personales cuando la tecnología avanza más rápido que las instituciones?
Durante años se normalizó que, para entrar a un estadio, comprar un boleto o acceder a determinados servicios, los ciudadanos entregáramos información personal bajo la promesa de una mayor seguridad. Sin embargo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno concluyó que la Federación no obtuvo el consentimiento expreso y por escrito para el tratamiento de datos considerados sensibles.
La resolución envía un mensaje que trasciende al futbol. Ninguna organización, por grande que sea o por popular que resulte, puede asumir que el fin justifica los medios cuando se trata de la privacidad de las personas.
El debate tampoco debe reducirse a si la multa es alta o baja. La verdadera discusión consiste en definir hasta dónde estamos dispuestos a ceder información personal a cambio de comodidad o seguridad, y qué tan estrictas deben ser las reglas para quienes administran esos datos.
En un país que avanza hacia la digitalización de trámites, servicios y plataformas, la protección de los datos personales deja de ser un asunto técnico para convertirse en un tema de confianza pública. Porque una vez que esa confianza se pierde, recuperarla resulta mucho más costoso que cualquier sanción económica.
La resolución contra la Federación Mexicana de Futbol puede marcar un precedente importante. No sólo para el deporte, sino para todas las instituciones, públicas y privadas, que recopilan información de millones de mexicanos. Al final, la tecnología seguirá evolucionando; el reto será que los derechos de las personas evolucionen al mismo ritmo.
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