18 MESES DE ESCÁNDALOS Y OPACIDAD EN GOBIERNO ESTATAL

ANGELÓPOLIS .Por Victor Soto.

Gasto excesivo y la inseguridad: las cuentas pendientes de Armenta

 FUNCIONARIOS ANDAN EN PLENA PRECAMPAÑA POLITICA EN HORAS DE TRABAJO. 

 Informe de 18 meses: mucho ruido, mucho gasto y pocas cuentas claras

 Este jueves, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, se dispone a presentar los supuestos avances de los primeros 18 meses de su administración. Un acto que, desde la perspectiva de diversos sectores de la sociedad poblana, genera más preguntas que entusiasmo:

 ¿Cuánto costará este nuevo despliegue de propaganda oficial y, sobre todo, qué resultados concretos puede presumir el gobierno estatal frente a las necesidades cotidianas de los poblanos?

 Porque una cosa es presentar cifras, discursos y fotografías, y otra muy distinta es demostrar que los recursos públicos están siendo utilizados con eficiencia, transparencia y resultados. En Puebla, la molestia de distintos sectores no solamente tiene que ver con la percepción de que el gobierno de Morena ha convertido los informes en una suerte de escaparate político. También existe inconformidad por lo que algunos consideran una falta de transparencia suficiente sobre determinados gastos de la administración estatal. 

Ahí está, por ejemplo, el tema de los helicópteros contratados a empresas privadas. Si se destinan recursos públicos para este tipo de servicios, la sociedad tiene derecho a conocer con claridad cuánto se paga, bajo qué contratos, quién utiliza las aeronaves, cuáles son sus rutas y qué justificación existe para cada vuelo.

 La transparencia no debería ser una concesión del gobierno: es una obligación frente a los ciudadanos. Y mientras se preparan grandes escenarios para hablar de avances, basta con recorrer algunas calles de Puebla para encontrarse con una realidad bastante menos espectacular: avenidas y vialidades plagadas de baches y deterioro.

 Quienes tengan dudas pueden darse una vuelta por las calles que conducen hacia la zona del SAMNS, en La Noria. la propaganda gubernamental se encuentra con el pavimento y la realidad cotidiana de los automovilistas.

 Pero hay otro asunto que bien podría formar parte de cualquier verdadero ejercicio de rendición de cuentas: las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. Sería saludable que las autoridades competentes revisaran a fondo la evolución patrimonial de quienes ocupan cargos en el gobierno estatal, comparando lo declarado antes de asumir el puesto con los bienes, propiedades e ingresos que posteriormente aparezcan a su nombre.

 No se trata de acusar a nadie sin pruebas, sino de hacer lo que corresponde en una democracia: verificar, fiscalizar y transparentar. 

 Porque más vale revisar a tiempo que después preguntarse cómo fue que algunos funcionarios terminaron con más propiedades que un nopal.

 Y mientras se preparan grandes escenarios para hablar de avances, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuánto costó el informe, cuánto se ha gastado en conceptos como el servicio de helicópteros y cuáles han sido los resultados verificables de ese gasto? Porque el dinero que administra el gobernador no es suyo. Es dinero de los poblanos.

 Como diría el clásico: que los perdone el sistema, pero mientras unos disfrutan de las mieles del poder, los ciudadanos siguen enfrentando problemas tan básicos como calles deterioradas, servicios deficientes y la necesidad de saber en qué se está gastando cada peso del presupuesto.

 Un gobierno puede llenar auditorios, producir videos y presumir cifras. Pero al final, la verdadera evaluación no la hacen los discursos oficiales. La hacen los ciudadanos cuando salen a la calle. Y en Puebla, todavía hay demasiadas preguntas que esperan respuestas.

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