TRES VISAS CANCELADAS, ¿HABRÁ MÁS?

 En lugar de asumir el asunto con seriedad y, sobre todo, dejar que las autoridades estadounidenses expliquen las razones de una eventual decisión, han optado por convertirlo en un nuevo episodio de la narrativa de la “defensa de la soberanía nacional”

. Hasta una carta publicaron en redes sociales quienes se presentan como defensores de la soberanía del país. En ella aparecen gobernadores de Morena que, para sus críticos, parecen más preocupados por respaldar al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a su grupo político que por asumir una posición institucional como mandatarios estatales. 

El problema es que el escándalo de la visa —si efectivamente se confirma la medida y sus alcances— no parece haber sido un asunto menor para Morena.

 El ruido político que generó ha puesto nerviosos a muchos dentro del partido y del Gobierno federal, porque alimenta toda clase de especulaciones sobre posibles nuevas acciones de autoridades estadounidenses contra funcionarios o personajes de la clase política mexicana.

 Desde luego, habrá que esperar a que existan hechos comprobables y no rumores. Hablar desde ahora de futuras cancelaciones de visas, investigaciones o sanciones contra gobernadores, senadores o integrantes de la familia López Obrador sería irresponsable si no existen pruebas públicas que lo sustenten. 

Pero también sería ingenuo ignorar que cualquier señal proveniente de Washington puede tener repercusiones políticas en México, particularmente cuando Morena se prepara para procesos electorales tan importantes como los de 2027 y 2030. Y mientras Morena intenta apagar ese incendio político, en Puebla ocurrió algo que tampoco pasó desapercibido. 

INFORME DE ALEJANDRO ARMENTA  PASO DESAPERCIBIDO AL 600 %

El escándalo alrededor de López Beltrán terminó opacando la promoción del llamado miniinforme del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien desplegó una intensa estrategia publicitaria para presumir sus 600 días de administración. La difusión fue enorme y, como suele ocurrir en estos casos, surgieron cuestionamientos sobre el costo de esa propaganda y el uso de recursos públicos. 

El problema para el Gobierno poblano es que la política tiene sus propias reglas de audiencia: por más espectaculares, anuncios, boletines y comunicadores alineados que se desplieguen, un escándalo nacional puede borrar en cuestión de horas una campaña completa.

 Así que aquello del “600 por ciento” terminó pareciendo más una exageración propagandística que una realidad política.

 Con tantos comunicadores convertidos en una especie de “niños cantores” del régimen, quizá la cifra correcta —parafraseando al clásico— no sea 600 por ciento, sino apenas 6 por ciento. Porque una cosa es gobernar y otra muy distinta es gastar millones en decir que se gobierna. Y en política, cuando la realidad se impone sobre la propaganda, ni los espectaculares alcanzan para taparla.