Por Karla Pulido .
A dos años del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, el discurso de la soberanía nacional sigue siendo uno de los pilares de su administración.
La mandataria ha defendido de manera constante la independencia de México frente a presiones externas, particularmente de Estados Unidos, rechazando cualquier intento de intervención en asuntos internos y reiterando que la seguridad nacional es responsabilidad exclusiva del Estado mexicano. Sin embargo, la realidad obliga a una reflexión más profunda.
¿Puede hablarse de soberanía cuando amplias regiones del país enfrentan la presencia y control de organizaciones criminales que desafían la autoridad del Estado? Para entender el problema es necesario remontarse al pasado.
La crisis de seguridad que vive México no nació con este gobierno ni con el anterior. Muchos analistas ubican un punto de quiebre en el sexenio de Vicente Fox, particularmente tras la polémica fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de Puente Grande en 2001.
Posteriormente, durante el gobierno de Felipe Calderón, se declaró la llamada guerra contra el narcotráfico. Años después, la detención y condena en Estados Unidos de Genaro García Luna terminó por confirmar las sospechas sobre los niveles de corrupción e infiltración criminal dentro de las instituciones encargadas de combatir al crimen. Desde entonces, la violencia se ha transformado
. Lo que antes parecía una disputa entre grupos criminales y el Estado, hoy en muchas regiones genera la percepción de que las organizaciones delictivas han logrado establecer mecanismos de control territorial, económico e incluso político. En algunas zonas del país son ellas quienes imponen reglas, cobran cuotas, deciden quién trabaja y quién puede operar determinados negocios.
Resulta difícil hablar de soberanía cuando existen municipios donde los grupos criminales imponen horarios, cobran cuotas, controlan actividades económicas e incluso influyen en procesos políticos locales.
La soberanía no sólo se defiende frente a gobiernos extranjeros; también se ejerce garantizando que la ley sea la única autoridad reconocida dentro del territorio nacional. A la par del desafío en materia de seguridad, existe otro tema que merece atención: las finanzas públicas.
Durante los últimos años México ha incrementado significativamente su nivel de endeudamiento para financiar programas sociales, obras de infraestructura y compromisos gubernamentales. Mientras el gobierno presume estabilidad macroeconómica, la deuda pública continúa creciendo. El problema no es únicamente cuánto se debe, sino para qué se utiliza ese dinero.
Una parte importante se destina a programas sociales que generan alivio inmediato, pero no necesariamente desarrollo económico sostenible. Ningún país ha salido de la pobreza repartiendo recursos indefinidamente; los países exitosos generan riqueza, empleo e inversión.
Los apoyos sociales han permitido que millones de familias cuenten con ingresos complementarios y representan una herramienta importante para combatir la pobreza. Sin embargo, también surge una pregunta legítima: ¿son suficientes para resolver el problema de fondo? La experiencia internacional demuestra que los programas asistenciales ayudan a aliviar necesidades inmediatas, pero difícilmente sustituyen la generación de empleo, la inversión productiva y el crecimiento económico sostenido.
La gran deuda pendiente de la Cuarta Transformación sigue siendo la generación de condiciones para la inversión. La incertidumbre jurídica, la inseguridad y los cambios constantes en las reglas del juego provocan que muchos inversionistas opten por llevar su capital a otros mercados. Sin inversión no hay empresas; sin empresas no hay empleos; y sin empleos, millones de mexicanos seguirán dependiendo de los apoyos gubernamentales para subsistir.
México necesita más empresas, más empleos formales y mejores salarios. Necesita atraer capital que genere riqueza en las regiones donde hoy la única alternativa económica para muchos jóvenes termina siendo la migración o, en el peor de los casos, la delincuencia.
A dos años de gobierno, Claudia Sheinbaum mantiene altos niveles de respaldo popular y una narrativa política sólida. Sin embargo, los desafíos estructurales siguen ahí: una deuda creciente, una economía que necesita generar más oportunidades y una crisis de seguridad que lleva más de dos décadas acumulándose.
La historia juzgará no sólo la capacidad de defender la soberanía frente al exterior, sino la capacidad de recuperarla dentro de nuestras propias fronteras. Porque al final, la soberanía más importante no es la que se pronuncia desde una tribuna, sino la que se ejerce todos los días en cada rincón del país.
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